El pasado 6 de diciembre, un grupo de carabineros que realizaba un patrullaje preventivo en el contexto de la vigencia horaria del toque de queda, advirtieron a un peatón transitando en la población 11 de Septiembre, de Coelemu, cerca de las 01.55 horas, resultando ser el vecino del sector, Juan Antonio Opazo Monsalve.
La particularidad de este hecho fue que Opazo Monsalve había abandonado la cárcel apenas el 1 de diciembre anterior, lugar en el que se encontraba como preso preventivo tras incumplir por quinta vez la resolución extensa impuesta por la autoridad sanitaria a raíz del brote de Covid 19, siendo la Defensoría Penal Pública, quien consiguió en una audiencia de discusión de cautelares, que el tribunal de Garantía de Chillán optara por revocarle la medida privativa de libertad y cambiarla por arresto domiciliario parcial.
Formalizado una vez más, la Fiscalía Local de Chillán volvió a solicitar que se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva lo que fue, de nuevo, acogida por el tribunal, y Opazo Monsalve volvió a la cárcel.
El fiscal (s) Freddy Carreño explicó a La Discusión que “se hizo saber al tribunal de algunos antecedentes, principalmente que este es el sexto hecho por infringir las restricciones sanitarias, puntualmente la del toque de queda, en la comuna de Coelemu, respecto del imputado”.
El juzgado dio un plazo de investigación judicial de 60 días para esta causa.
En tanto, Carabineros, cifró en cerca de 9 mil las detenciones hechas en Ñuble en el contexto de incumplimientos a las medidas sanitarias, y de ellos, aproximadamente, un 10% son reincidentes, contando además dos casos de personas arrestadas en ocho oportunidades por esta razón, estando ambos, en prisión preventiva.
Tres casos a juicio
En materia judicial, conforme a las estadísticas del Ministerio Público ya se han tramitado más de 6 mil causas relacionadas con el incumplimiento a alguna de las indicaciones del artículo 318 del Código Sanitario, en la Región de Ñuble.
De ellos, en su enorme mayoría, se ha resuelto terminar las causas mediante lo que se conoce como procedimiento monitorio, es decir, el pago de una multa.
Pese a que la ley estipula como pago mínimo el de 6 UTM, es decir, cerca de 290 mil pesos, esta misma ley sobrepone a esta tarifa el criterio que el juez dé en cada caso.
Esto ha significado que, hasta el momento, todas las multas hayan sido fijadas en montos muy inferiores a las 6 UTM, incluso la multa se ha dado por cancelada por haber pasado una noche en el calabozo.
Solo en tres casos, los imputados no han aceptado los montos impuestos.
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