Un recurso de protección en contra de la municipalidad de Quirihue, representada legalmente por el alcalde Richard Irribarra, presentó la abogada Cecilia Seguel Vilches quien lleva adelante la defensa de los 35 funcionarios municipales de planta, que solicitan el pago de una asignación de remuneraciones denominada “incremento previsional” y que se encuentran empozados en las arcas municipales mientras dure el juicio que lleva bastante tiempo.
Este nuevo documento ingresado en la corte de apelaciones de Chillán se genera ante la insistencia del alcalde de Quirihue por usar los dineros empozados en cuenta especial en el municipio, mediante una nueva solicitud de modificación presupuestaria, y que fue vista en la reunión del Concejo Municipal de este jueves 18 febrero 2021.
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En la modificación de presupuesto que se hace alusión, la máxima autoridad local solicitaba a los concejales aprobar $90 millones para adquirir terrenos para viviendas sociales y otros $49 millones para la compra de un camión limpia fosas.
“Esta adquisición se financiará ingresando al Presupuesto Municipal los fondos que se han mantenido retenidos por juicio laboral correspondiente a la suma de $136.991.841, los cuales, según lo informado por el Abogado Baltazar Morales, existe resolución que deja sin efecto la medida de retención de fondos en la causa laboral 0-4-2011 del Juzgado de Quirihue, ratificado por el Tribunal con fecha 29/05/2019” decía el anexo explicativo enviado a los ediles.
Sin embargo, los funcionarios municipales, al enterarse que nuevamente el alcalde solicitaba la modificación de esos dineros, junto a su abogada redactaron el recurso de protección, cuyo documento hace una detallada relación histórica de los sucesos acontecidos desde el 22 agosto 2012 en adelante.
Desde esa fecha los 35 funcionarios de planta afectados (32 activos y 3 jubilados) han luchado por recuperar un derecho que forma parte de su remuneración.
En la página 10 del recurso de protección se pide expresamente:
POR TANTO; En virtud de lo expuesto y lo dispuesto en nuestra Constitución, artículos 19 Nº 24, articulo 20, y los demás pertinentes al caso,
RUEGO A SS., ILUSTRISIMA, tener por interpuesto Recurso de Protección, en contra de la Ilustre Municipalidad de Quirihue, ya individualizada, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar que se restablezca, en quienes corresponda, el derecho de dominio, de uso y de goce, se ordene en definitiva entregar los fondos aposados en Arcas Municipales y se les restituya en el menor tiempo el derecho de los funcionarios.
Rechazo nuevamente
En la reunión de este jueves, nuevamente cuatro concejales rechazaron la petición del alcalde, uno se abstuvo de votar y otro votó a favor de realizar la modificación.
En la oportunidad, estuvo presente Francisco Almendra Riquelme, presidente de la ASEMUCH Quirihue, quien, al hacer uso de la palabra, explicó los alcances de este recurso de protección y le pidió al alcalde que ceda en su actitud y pueda pagar esos dineros a los funcionarios. Pese a ello, Richard Irribarra manifestó que «siempre he mantenido mi disponibilidad para los funcionarios».
La corte de apelaciones notificó al alcalde Irribarra a través de un mail enviado con fecha miércoles 17 de febrero de 2021 (leído en voz alta por la secretaria municipal en pleno concejo), y en ella se lee que; “por orden del señor presidente de esta corte de apelaciones, cumplo con remitir resolución que solicita informe en recurso de protección Rol 39-2021. Dicho informe deberá ser evacuado en el plazo de ocho días, debiendo adjuntar todos los antecedentes que digan relación con el recurso y que sobre el particular obren en su poder, bajo apercibimiento de aplicarle alguna de las sanciones que establece el numeral 15° del auto acordado de la Excma. Corte Suprema de tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, en caso de incumplimiento y de prescindir del referido informe, dando curso progresivo a los autos”.
Reacciones
Dentro de las reacciones de los concejales luego de finalizada la sesión de hoy, José Pedro Hadi publicó en su red social que “nuevamente se insistió por parte del alcalde de la utilización de los recursos económicos de incremento previsional de los funcionarios municipales… El concejo fue claro y preciso con las 3 hectáreas que quiere comprar donde solo se podría utilizar una hectárea para viviendas, mientras que con el terreno de 7 hectáreas del complejo francés se podrían utilizar cerca de 4 hectáreas para viviendas sociales sin tener la necesidad de comprar nada, pues el terreno es de propiedad del municipio (…) Todo esto de acuerdo al estudio de planimetría realizado por el concejal Galvarino Vargas”.
Todos los ediles concuerdan en que “la necesidad de viviendas es latente en la comuna, que existen familias que llevan años arrendando y que postulan a los subsidios del gobierno, pero no son beneficiados”.
Que el camión limpia fosas también es otra necesidad urgente y que se ha visto empeorada en esta pandemia, porque el vehículo que venía en convenio con la municipalidad de Ñiquén, este año no ha podido estar”.
Sin embargo, las autoridades podrían ver recursos de otros lados para poder adquirirlos y no necesariamente de recursos que les pertenecen a los funcionarios municipales, más aún si estos se encuentran retenidos en un proceso judicial que se sigue adelante.
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