La fiscal (s) de Chillán, Nadia Espinoza, formalizó al alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, por el delito de desacato, al incumplir un fallo judicial que obligaba a detener la extracción de aguas y el retiro de las obras de captación de las mismas en las Termas de Chillán. En la misma audiencia, los representantes legales de la empresa concesionaria del complejo turístico, ya formalizados por usurpación de aguas, y la Junta de Vigilancia del río Diguillín, víctimas querellantes en esta causa, arribaron a un acuerdo reparatorio que fue validado por el Juzgado de Garantía de Chillán.
La persecutora precisó que el alcalde Zarzar, como representante legal del municipio, incurrió en el delito de desacato por no dar cumplimiento a la resolución del 13 de noviembre de 2017 de la Excelentísima Corte Suprema, la que resolvió un recurso de casación y condenó a la Municipalidad de Chillán al pago de una multa de 9 UTM, en esa fecha, por extracciones no autorizadas de aguas, la realización de obras en los cauces naturales y la modificación del río en el predio Termas Minerales de Chillán. En ese fallo, el máximo tribunal del país ratificó lo ya dispuesto en su momento por la Dirección General de Aguas, y ordenó la paralización inmediata de la extracción de aguas y el retiro de las obras de captación de éstas, lo que no se realizó.
En la audiencia, la defensa del alcalde pidió al tribunal que se fijara otra audiencia para discutir un eventual sobreseimiento definitivo, la que se fijó para el 6 de abril.
Respecto al acuerdo reparatorio entre los representantes legales de la empresa concesionaria de Las Termas de Chillán y la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, la fiscal (s) Nadia Espinoza precisó que ambas partes propusieron al tribunal que los primeros se comprometen a permitir el acceso al predio a las víctimas y además a la cancelación de 50 millones de pesos pagaderos en 5 cuotas, de las cuales tres ya están pagadas a la fecha.
La fiscal Espinoza entregó detalles acerca de la audiencia llevada a cabo.
Esta investigación se originó a raíz de una querella que presentó la Junta de Vigilancia del río Diguillín en 2015, en la que denunciaba que la Municipalidad de Chillán y la concesionaria de Las Termas de Chillán se habían apropiado durante años de las aguas, cuya titularidad es de los querellantes.
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