Un centenar de armas de fuego fueron recuperadas por la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Chillán, las que estaban en poder de familiares de personas fallecidas, incluso desde hace décadas, y que están en calidad de irregulares, al no haber sido regularizadas por los herederos. Esta tarea es relevante, pues muchas de estas armas podrían caer en manos de delincuentes.
El trabajo de la Fiscalía y de la PDI se enmarca en un segundo foco de esta naturaleza. En 2019 se realizó el primero y se lograron recuperar 75 armas de fuego en Chillán, Chillán Viejo, Bulnes y San Carlos. Esta vez, los esfuerzos se concentraron en la zona sur de la región: Yungay, Pemuco, El Carmen, Bulnes, Quillón y San Ignacio, con el retiro de 101 armas de fuego. Un tercer foco que se inició ahora comprende las comunas del norponiente de Ñuble, entre ellas las del Valle del Itata.
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El jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, Álvaro Hermosilla Bustos, destacó que “la importancia de este foco es que se busca sacar de circulación armas de fuego que son potencialmente peligrosas para la comisión de delitos violentos si caen en manos equivocadas”.
Acotó que en el análisis criminal muestra que “la Región de Ñuble concentra delitos que podríamos decir que no son violentos, pero en el último tiempo, y coincidente con la pandemia, se han estado utilizando armas para la comisión de los delitos, aumentando los niveles de violencia en la comisión de aquello. Por lo tanto, la Fiscalía pretende adelantarse a dicha situación y sacar de circulación estas armas, evitando la comisión de delitos futuros”.
El jefe de la Prefectura de Ñuble de la PDI, prefecto José Luis Gallegos Rabanal, precisó que entre las armas de fuego incautadas hay revólveres, pistolas, escopetas y munición de distinto calibre. Acotó que “se realiza un trabajo de análisis y estudio de inteligencia policial que nos permite llegar hasta estas armas de fuego. Muchas de ellas no estaban en la región y gracias al trabajo investigativo que han realizado los detectives, coordinados con la Fiscalía de Análisis Criminal de Ñuble nos ha permitido ubicarlas incluso fuera de Ñuble”.
La ley establece que los herederos tienen 90 días para regularizar la tenencia de armas una vez que la persona fallece. De lo contrario, si la gente no cumple los plazos que establece la normativa para su regularización, la posesión de dicha arma pasa a ser una infracción perseguible. La ley incluye algunas excepciones, como la entrega voluntaria de las armas de fuego. Y precisamente, el trabajo del foco consideró la distribución de un díptico informativo, para socializar el trabajo investigativo e incentivar esta entrega voluntaria.
