Con el objetivo de asesorar la implementación del Plan Regional de Seguridad Pública para 2022, se constituyó en Chillán el primer Consejo Regional de Seguridad Pública para la Región de Ñuble. Esta instancia está encabezada por el Delegado Presidencial Regional, Claudio Ferrada, y cuenta con la participación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de su Coordinación Regional.
Sobre la importancia del Consejo, el Delegado Presidencial, Claudio Ferrada, señaló que «es fundamental para articular insumos locales en materia de seguridad pública, entendiendo que debe haber un trabajo coordinado con todos los actores que son parte de este tema: Gobierno, alcaldes, policías, comunidad. También es relevante pues va en el camino de los planes y políticas que estamos implementando en el Gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric, como ‘Menos Armas, Más Seguridad’. Este llamado ha sido transversal, para todos los territorios ya que de una u otra manera en todo el país nos enfrentamos a situaciones de violencia y a delitos violentos producto del uso de armas de fuego”.
Respecto de las definiciones y acuerdos tomados por el Consejo, Ferrada explicó que estos deben quedar plasmados en una hoja de ruta clara, con acciones concretas de la mano con las necesidades territoriales de cada comuna. “Es indispensable que en dicha articulación los alcaldes de las 21 comunas se comprometan. Asimismo, las acciones deben ir aparejadas con medidas preventivas y de resolución, a cargo de Carabineros y PDI. También el rol articulador desde las autoridades como nuestra Delegación y el Gobierno Regional», puntualizó.
En lo que concierne al rol que toman los municipios en esta instancia, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se levantó información directamente con los alcaldes, alcaldesas y sus comunidades, acerca de los principales problemas delictuales, incivilidades y problemas emergentes que se registran en cada una de las comunas de la región.
Sobre este punto, el Coordinador Regional de Ñuble, Jorge Muñoz Álvarez, subrayó que se estableció como prioridad que los alcaldes y alcaldesas sean parte fundamental de la construcción de los nuevos planes de seguridad regionales. “Las autoridades locales son quienes conviven día a día con los problemas de seguridad que enfrenta la comunidad, por lo tanto, su experiencia es fundamental para construir políticas públicas que respondan a las necesidades y particularidades de cada región”, dijo.
Por medio de la información recopilada desde los territorios y las comunidades, a las que se adicionó después las estadísticas delictuales de las policías y el Ministerio Público, se establecieron cinco prioridades en materia de prevención para la región: violencia intrafamiliar, infracción a la Ley de Drogas, robo en lugar no habitado, ebriedad y consumo alcohol en la vía pública, así como el resguardo del sector comercial de la ciudad que presenta un alto nivel de actividad criminal y violencia.
El Consejo Regional de Seguridad Pública convoca además al gobernador regional, a todos los alcaldes de la región, el seremi de Justicia, representantes de la Corte de Apelaciones, Ministerio Público, Defensoría Penal, Carabineros, PDI, Gendarmería; los directores y directoras regionales de Sename, Senda y Sernameg; a los que se sumaron una serie de nuevos actores regionales convocados para esta instancia por la Subsecretaría de Prevención del Delito, tanto públicos como privados.
En la instancia en que también estuvo presente la senadora Loreto Carvajal, debatieron los delegados provinciales, seremis, representantes y alcaldes de Chillán, Chillán Viejo, San Ignacio, Bulnes, Yungay, Ránquil, Portezuelo, El Carmen, Cobquecura, Quillón, Coihueco, San Carlos, San Fabián, Ninhue, Coelemu.