Establecer el principio de seguridad alimentaria en las operaciones portuarias y de transporte de carga terrestre, es el objetivo central de una moción que presentaron los senadores Isabel allende, Carmen Gloria Aravena, Juan Luis Castro, Álvaro Elizalde y Juan Ignacio Latorre.
La iniciativa que fue remitida a las Comisiones de Agricultura y de Transportes respectivamente, busca establecer dicho principio a fin de otorgar la máxima priorización posible en la exportación e importación de productos alimenticios y de los insumos necesarios para su producción.
Según los autores de la moción, la pandemia y el actual escenario económico internacional, han dejado de manifiesto la necesidad urgente de que los Estados adopten medidas que permitan asegurar la disponibilidad física y económica de los alimentos para todas las personas.
A modo de ejemplo, citaron el Informe Especial sobre los efectos del Covid 19 en el comercio internacional y logística, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sugirió que se debería avanzar en la facilitación del comercio y de la logística internacional, ya que una logística eficiente y fluida es fundamental para asegurar el suministro oportuno de insumos y alimentos, así como para reducir distorsiones y sobreprecios que afectan desproporcionadamente a la población más vulnerable.
Asimismo, recordaron que durante los momentos más duros de la pandemia, en nuestro país se evidenció parte de la crisis en la cadena de suministros, en la imposibilidad de que los agricultores pudieran disponer de los insumos necesarios para la producción agrícola nacional debido a los impedimentos que se produjeron para que estos fueran descargados en los puertos marítimos, con el consecuente aumento de precio y riesgo de disminución en la producción y en la calidad final de los alimentos.
Agregaron que también se produjo un retraso en la distribución de algunos productos alimenticios por la falta de disponibilidad de transporte terrestre, y situación similar se verificó con múltiples productores nacionales que requerían embarcar sus productos alimenticios perecibles y que no contaban con una debida priorización para su exportación, debiendo asumir muchas veces los riesgos de aumentos de costos y eventuales pérdidas de toda la producción.