Se mantiene secreto de la investigación en causa de Fiscalía que indaga delitos de corrupción en municipios de Ñuble

La Fiscalía de Chillán dio cuenta de que el Juzgado de Garantía de Bulnes acogió los planteamientos del Ministerio Público y mantuvo la decisión de la fiscal Nadia Espinoza Caro, quien el viernes 14 de este mes decretó el secreto de la investigación que sigue en varios municipios del país por delitos de corrupción, tarea que realiza con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.

“La facultad de Fiscalía fue cuestionada por las defensas de dos de los imputados, razón por la cual durante esta jornada se realizó una audiencia para revisar esta situación, tras la cual la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch resolvió mantener el secreto de la investigación por los 40 días que decretó la fiscal Nadia Espinoza”, explicó la fiscal (s) Johanna Irribarra Alarcón.

El tribunal estimó que la mantención del secreto de la investigación es necesaria para la eficacia de ésta. Rechazó levantar la totalidad del secreto o parte de éste, pues no se pueden aislar antecedentes respecto a un imputado sin afectar a la totalidad de la investigación. La magistrada mantuvo también el plazo de 40 días, el que las defensas pretendían reducir.

En esta investigación está formalizado y en prisión preventiva César Figueroa Betancourt, alcalde de San Ignacio, a quien se le investiga por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos.

En tanto, el director de Salud del mismo municipio, Krysler Monroy Castillo, fue formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco. También está en prisión preventiva.

Con la misma medida cautelar privativa de libertad está el empresario chillanejo Rodrigo Carmona Olivarez, a quien se le investiga por cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos.

La cuarta prisión preventiva la cumple Rodrigo Sandoval Terán, quien ejercía como operador político y colaborador del empresario Rodrigo Carmona. La Fiscalía lo formalizó por tres sobornos y una estafa frustrada.

En el caso del jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, Edgardo Suazo Jiménez, la Fiscalía le comunicó que se le investiga por dos cohechos y dos fraudes al Fisco. Permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Mientras que el tesorero municipal de San Ignacio, Hugo Troncoso Salazar, fue formalizado por cohecho y quedó con firma mensual en Carabineros, y prohibición de salir del país y de acercarse al municipio en que trabaja.

A ellos se suma un séptimo imputado: Carlos Fernández Aedo, jefe de Administración de la Dirección de Administración Municipal de Ñiquén, quien fue formalizado por violación de secretos y cohecho. Permanece con arresto domiciliario nocturno, firma quincenal en Carabineros, y prohibición de salir del país, de acercarse al municipio y de comunicarse con los demás imputados.

Y el último formalizado es el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino Turra, a quien se le investiga por dos delitos de cohecho. El jefe comunal está con arresto domiciliario total y tiene prohibición de salir del país, de acercarse a la municipalidad y de contactarse con los demás imputados de esta causa.