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POR: Felipe Ahumada / LaDiscusion.cl
Tras varios meses de investigación, esta semana la Contraloría General de la República (CGR) publicó el informe final respecto a la auditoría que se ordenó en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) regional, por una serie de irregularidades detectadas en el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2020 a diciembre de 2021.
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La fiscalización, que acreditó diversas irregularidades que involucran cerca de $900 millones, en total, tuvo por objeto efectuar una auditoría y examen de cuentas a las transferencias y rendiciones de los recursos asignados al sistema para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, al Programa de Desarrollo de Acción Local y a los créditos otorgados a los usuarios que dispone el Indap Quirihue, cuyo jefe de área es el ingeniero José Pedro Hadi.
A su vez, se efectuó una revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de octubre de 2022 y se fiscalizó en terreno durante los meses de marzo, mayo, junio y diciembre 2022, permitiendo obtener antecedentes sobre la implementación y ejecución de los incentivos y créditos otorgados por Indap.
La auditoría (183 del año 2023) concluye en su informe final que, entre otras anomalías, “se observó que el jefe de la agencia de área de Quirihue aprobó la asignación y pago de incentivos por un total de $6.141.318, relacionados con los programas de praderas suplementarias, a quien sería su suegra”.
Al respecto, Hadi aclara que “ella como usuaria fue calificada de manera lícita por la Dirección Regional para recibir cerca de $3 millones por un concurso público, Luego, de manera paralela pide un crédito de enlace que, admito como error, firmé, pero por desconocimiento”.
Añade además, que “si cometí algunos errores está bien que se investigue y quiero colaborar en todo lo que sea necesario, pero creo que es una equivocación del señor contralor al decir que a mi suegra se le benefició con $6 millones, quisiera que quedara muy claro que acá no hubo enriquecimiento ilícito ni dolo. Hubo errores y tengo que asumirlos”.
Operaciones sin respaldo
También, se indica que 40 operaciones de traspaso carecían de documentación bancaria y comprobante de egreso que permitiera justificar el pago de un total de $89.262.863, por cuanto no fue posible verificar que hayan sido pagados íntegra y oportunamente a quienes corresponde ni para los fines buscados por el programa.
“Tampoco fue posible confirmar la existencia de 230 contratos de mutuo y/o pagarés pertenecientes a las siete agencias de área de la Región de Ñuble, por un total de $816.261.055, por lo que se deberá remitir copia de ellos con el fin de acreditar documentadamente cada una de las transacciones de crédito objetadas” se especifica en las conclusiones de la entidad fiscalizadora.
Usuarios investigados
Los alcances de la auditoría desarrollada por la CGR también detectaron el mal uso de los recursos asignados por parte de los usuarios que fueron beneficiados en el periodo que abarcó la investigación.
Se concluye en este punto que dos usuarios del Prodesal de la agencia de área Chillán, no ejecutaron los proyectos financiados con los recursos asignados a través del concurso de inversión IFP, para la construcción de un silo de guarda de 26,5 m3 de capacidad y de baños en huerto de arándanos, respectivamente; en tanto, otro usuario no se dedicaba exclusivamente a labores agrícolas (que era un requisito excluyente), sino que además se desempeña como técnico en enfermería en el Hospital de San Carlos.
Finalmente, se establece que otro usuario beneficiado, además de ser agricultor y productor de vino, fue proclamado concejal de una comuna de la región, estableciéndose que sus ingresos no provienen exclusivamente de la explotación agrícola, ya que además percibe rentas por concepto de dieta como concejal a contar de julio de 2021
Error de escaneo
Fuentes ligadas a la institución explicaron (bajo reserva de identidad) que “respecto a ese punto de los 230 contratos por $816 millones, lo que hubo fue un error de escaeno de los documentos, entonces la Contraloría no los recibió completos, sin embargo, esos contratos sí existen, y dentro de los 30 días que hay de plazo para los descargos, se espera aclarar esa situación”.
Respecto a los otros puntos de la auditoría, la misma fuente se excusó de responder.
