El Servicio de Salud Ñuble (SSÑ) condenó la agresión sufrida por un funcionario en el Hospital de El Carmen durante su jornada laboral este fin de semana. El organismo público, anunció la presentación de una querella por el delito de lesiones, en el Juzgado de Garantía de Yungay.
Al respecto, la Directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca Triviño, condenó este hecho de violencia ocurrido al interior del establecimiento. “Estas
acciones son totalmente repudiables, no podemos permitir que nuestros trabajadores sean agredidos en el ejercicio de sus funciones. Lamentamos profundamente la compleja situación a la que se vio expuesto nuestro profesional y también el equipo del Hospital de El Carmen, que al igual que todos los centros de salud de nuestra red, están trabajando arduamente para dar atención a las personas, ante el aumento de consultas por causa respiratoria”.
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La directiva añadió que: “Hoy presentaremos una querella que busca sancionar a la persona responsable de la agresión. En este sentido, llamo también a la comunidad a condenar estos actos y a colaborar para generar un clima de respeto mutuo. Nada justifica la violencia, especialmente hacia los equipos de salud que trabajan día a día para cuidar a las familias de Ñuble. Llamamos a tener más empatía, respeto y comprensión por el gran trabajo que realizan los equipos de salud”.
«Cabe destacar que nuestra institución cuenta con un Protocolo ante hechos de Violencia Externa, el cual, norma las acciones a seguir ante hechos como este. A su vez, avanzamos en distintas líneas de acción, fortaleciendo nuestros protocolos y medidas de seguridad, pero también, la coordinación con distintas instituciones para mejorar la seguridad de los recintos de salud”, agregó Abarca.
Desde el año 2019, existe una ley que endurece las sanciones contra quienes agredan a profesionales que presten servicios en establecimientos de salud, entregando a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones.
Dicho cuerpo legal, faculta a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, garantizando el acceso a defensa jurídica para quienes sean víctimas de agresiones en su trabajo.
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