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Una investigación de la Fiscalía de San Carlos y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI permitió la detención y formalización de siete imputados por el delito de lavado de activos. Uno de ellos, Cristian Gallegos Méndez, fue formalizado, además, por administración fraudulenta y apropiación indebida. Quedó en prisión preventiva. Los demás formalizados quedaron con otras medidas cautelares.
Según expuso la fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello Peña, en la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de San Carlos, Cristian Gallegos en su calidad de gerente de Administración y Finanzas de una empresa agroindustrial de esa comuna se apropió, entre 2019 y 2021, de más de 665 millones de pesos de la compañía, dinero que luego traspasó a cuentas bancarias de familiares.
Estos últimos son su esposa Crisabell Torres Gatica, quien quedó con arresto domiciliario total; su tío Rosamel Méndez Hidalgo, su tía Ivanna Méndez Hidalgo, su concuñado Alexis Contreras Huenupe, su tía Carolina Belmar Sepúlveda y su cuñada Macarena Torres Gatica. Todos ellos quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.
“Los dineros recibidos no tienen relación alguna con actividades, contrataciones o negocios propios de dicha empresa”, precisó la fiscal. Acotó que “para ocultar o disimular estos traspasos ilegales de dineros, el imputado principal realizó distintas maniobras como aumentar los pagos a proveedores, anticipar traspasos de dinero a supuestos proveedores verdaderos y desviar dinero a través de pagos de cuentas masivas”.
Con los recursos apropiados de forma ilegal, su esposa adquirió tres vehículos, su cuñada otro automóvil, al igual que su tío. La cónyuge, además, compró tres predios. Además, se incautaron artículos electrónicos de alto valor, los cuales, según la investigación, fueron obtenidos a partir de los ilícitos en que incurrieron los imputados.
El jefe de la Bridec de Chillán, subprefecto Germán López Zenteno, indicó que “esta investigación fue denominada como la ‘Operación Loki’, la que se inició en 2021, y que fue materializada la mañana de este martes con órdenes de entrada y registro para domicilios ubicados en sectores rurales de San Carlos y también una vivienda de la Región Metropolitana”.
El oficial explicó que “se utilizó un contingente importante de detectives para cumplir con las órdenes judiciales que implicaban la detención de esta banda criminal, recibiendo la cooperación de diversas brigadas dependientes de la Prefectura Ñuble de la PDI”.
El Juzgado de Garantía de San Carlos decretó tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía.
