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Una posta de campaña carente de baños para sus trabajadores y que tiene que trasladar a los pacientes a otro sitio debido a la lluvia. Viviendas transitorias que funcionan con agua potable y alcantarillado pero enviadas a zonas donde la gente ocupa fosa séptica. Estos fueron algunos de los hallazgos del trabajo en terreno del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que examinó la respuesta del Estado ante los incendios forestales del verano de 2023.
Los antecedentes se encuentran en el informe “INDH en Terreno. Incendios en la Zona Centro Sur de Chile”, expuesto por las sedes regionales de Ñuble y de Biobío. El documento de 26 páginas ofrece información en 15 áreas y además hace recomendaciones a siete ministerios, así como al Ministerio Público. Ello a propósito del resguardo de los derechos económicos y sociales, el acceso a la información de interés público y el derecho a un medio ambiente limpio.
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En enero se registraron entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos una serie de incendios forestales, más agresivos en Ñuble y Biobío. Al 28 de febrero, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cifró en 26 las personas fallecidas y 7.657 las damnificadas. A propósito de esto, el INDH desplegó un equipo encabezado por la directora Consuelo Contreras y que entrevistó a autoridades y personas y organizaciones de la zona afectada.
Lo que encontró el INDH
Entre los hallazgos del equipo del INDH destacan los que tocan a la salud. El documento indica que se observaron dificultades en postas rurales afectadas por los incendios.
Se relata el caso de una posta instalada en una tienda de campaña que donó un organismo internacional. “Apenas contaba con la infraestructura mínima necesaria para realizar atenciones. Incluso no tenía baños para el personal”, se indica. Se suma que a continuación de instalarse “las constantes inundaciones, provocadas por la lluvia, obligan a gestionar el traslado de pacientes hacia otro centro un día a la semana”. La situación afectaba principalmente a grupos que requieren especial protección. Personas mayores, enfermos crónicos, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas.
Además, se vio que las personas reportaron síntomas de angustia y necesidad de contención psicológica por la tragedia. Si bien el Plan de Reconstrucción tiene un eje de apoyo psicosocial, “testimonios de personas afectadas señalan no haber recibido información para acceder a atención psicológica, que en algunos casos es una necesidad urgente”.
Derecho a la vivienda
En cuanto a la vivienda, el equipo del INDH que recorrió Ñuble y Biobío, vio una “falta de pertinencia técnica y territorial” en las ayudas tempranas. Ello se patentizó en que las viviendas transitorias de emergencia tenían características que no se ajustaban a las condiciones de la zona. “En la Región del Biobío, las viviendas estaban mayormente habilitadas para agua potable y alcantarillado, no para uso de fosa séptica”, se indica. Tampoco contemplaban en su diseño el acondicionamiento para las lluvias del sur o la presencia de personas mayores o con temas de discapacidad.
Vinculado a esto, el INDH vio “un serio problema sobre los títulos de dominio de los terrenos siniestrados”. Esto porque la falta de documentación incidía en el plazo para postular a una vivienda definitiva. “La capacidad que el mismo Estado tiene para resolver administrativamente la situación no se condice con el tiempo para postular al beneficio. En la comuna de Nacimiento, a la fecha se habían otorgado ocho de 173 subsidios para vivienda definitiva”, se dice.
Acceso al agua
El informe expone la inquietud por cómo quedó el sistema de agua potable en las zonas afectadas y lo que hizo el Estado para abordarlo. Ante la emergencia se usaron camiones aljibes. “La cantidad de agua entregada resultaba insuficiente para cumplir con la dotación mínima de agua potable requerida para cubrir las necesidades de consumo de la población afectada”, dice.
Además, el informe da cuenta de que se recibieron testimonios sobre la falta de información para el correcto almacenamiento para mantener apta el agua.
El documento también hace un alcance en términos generales a la conducción de la autoridad. “Se advierte cierto desconocimiento del territorio por parte de las actorías de Gobierno”, se indica. Enseguida, el texto detalla que detectó “la falta de registro y caracterización que deberían llevar a cabo los distintos organismos sectoriales, y por otro, ante este desconocimiento, la incapacidad para poder responder de manera óptima y eficiente a las demandas de la emergencia”, se dice.
Jefas regionales de INDH
La jefa de Ñuble del INDH, Isabel Amor, planteó que “empezamos la entrega de los resultados del terreno que hicimos entre febrero y mayo para conocer la respuesta del Estado ante los incendios. Este informe le permitirá al Estado poder acumular conocimiento y así garantizar el pleno acceso al derecho por parte de las personas que viven en Ñuble cada vez que haya una emergencia”.
En tanto, la jefa de Biobío del INDH, Carolina Chang, indicó que “se detectaron vulneraciones tanto a la igualdad y no discriminación, como a los derechos de agua y de salud. Vimos que la cantidad de agua que entregada el Estado no alcanzaba para que las personas pudieran realizar su vida normal. En la Posta de Colico, en la comuna de Santa Juana, se dio una respuesta temporal, con una carpa que no cumplía con requisitos mínimos. Había ahí algunas plagas de ratones, puesto que estaba en el campo”, indicó.
