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Una investigación de la Fiscalía de Yungay y de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán permitió formalizar, por los delitos de uso malicioso de instrumento público falsificado y ejercicio ilegal de la profesión, a Jaquelina Machaca León, quien ejerció como profesora en establecimientos educacionales de El Carmen y de Los Ángeles desde hace más de una década, para lo cual presentó títulos falsificados de una universidad peruana.
El fiscal (s) de Yungay, Francisco Mosqueira Troncoso explicó que en febrero del año pasado la Municipalidad de El Carmen denunció a la imputada, luego de iniciar una investigación sumaria en su contra, pues la mujer se desempeñó por cerca de un año en un plantel dependiente del Departamento de Educación Municipal de esa comuna.
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“En ese contexto se requirió información a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, donde la imputada afirmaba haber estudiado entre los años 2000 y 2004 y haber obteniendo el título académico de Bachiller en Educación y Licenciada en Educación General Básica con especialidad idiomas (Inglés)”, dijo.
La respuesta de la universidad peruana fue clara: “nuestro sistema registra estudiantes desde 1980 y no tenemos a la señora o señorita Machaca León”, expuso el fiscal en la audiencia de formalización realizada, este lunes, en el Juzgado de Garantía de Yungay. Y la misma casa de estudios precisó que “revisados los libros de grados y títulos de esta oficina no se encontró registrado el título profesional de licenciada en Educación, con especialidad en idioma inglés” que la imputada decía tener. Tampoco figura en los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de Perú.
La comisaria Karen Cid, de la Bridec de Chillán, precisó que durante la investigación se logró determinar que la mujer “estuvo trabajando, entre los años 2011 a 2020, en la ciudad de Los Ángeles, como docente en nivel de enseñanza básica. Luego, ella postuló a un cargo de docente en El Carmen y es ahí cuando ellos se percatan de incongruencias en una letra de su nombre”.
La Fiscalía solicitó al tribunal el arresto domiciliario nocturno de la imputada, pero el Juzgado de Garantía de Yungay no lo concedió y la dejó con las medidas cautelares de firma mensual en Carabineros y prohibición de salir del país. Se fijaron tres meses de plazo para la investigación.
