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POR: Comunicado de Prensa
Este viernes un grupo de vecinas y vecinos de diferentes comunas afectadas por el proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui presentarán tres recursos ante el Segundo Tribunal Ambiental con el fin de anular la Resolución Exenta N° 202599101936, dictada por el Comité de Ministros, que recientemente aprobó la iniciativa revirtiendo la calificación ambiental desfavorable emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en abril de 2024.
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Los recursos buscan restituir la decisión original de la autoridad ambiental, que rechazó el proyecto debido a importantes falencias técnicas, ausencia de información clave y errores metodológicos graves detectados durante su evaluación.
La iniciativa, presentada por el consorcio español CELEO Redes, a través de su empresa Mataquito Transmisora de Energía, contempla una línea de 407 kilómetros entre el Maule y Biobío, amenazando los ecosistemas y la calidad de vida de los habitantes de 20 comunas. Expertos advierten vacíos técnicos en la evaluación ambiental y riesgos acumulativos por la concentración de infraestructura eléctrica.
Estrategia legal: tres recursos para defender los derechos de las comunidades
La estrategia legal contempla la presentación de tres recursos destinados a revertir la aprobación del proyecto y proteger a las comunidades afectadas. El primer recurso es una Reclamación de Observaciones Ciudadanas, interpuesto en representación de las personas que realizaron observaciones durante la evaluación y luego reclamaron administrativamente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El segundo recurso tiene el mismo fundamento, pero representa a quienes sí participaron con observaciones ciudadanas, aunque no presentaron reclamación administrativa posterior. Finalmente, se ingresará un Recurso de Invalidación en favor de todas aquellas personas que no pudieron realizar observaciones, pero cuyos territorios, actividades y condiciones de vida serían gravemente afectadas por la ejecución del proyecto.
En conjunto, estos tres recursos buscan que la autoridad anule la resolución del Comité de Ministros, restituya el valor de la evaluación ambiental previa —que había rechazado el proyecto— y asegure que los derechos ambientales, territoriales y sociales de las comunidades involucradas sean efectivamente resguardados.
Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, señaló: “Vemos con extrema preocupación esta decisión del Comité de Ministros, ya que este proyecto presenta graves falencias en términos de flora, fauna, en tema hídricos, de medio humano, falta de consulta indígena, fraccionamiento del proyecto, afectación al patrimonio cultural. Es necesario que estos recursos sean acogidos a tramitación por el Tribunal Ambiental de Santiago y se acojan los argumentos que estamos presentando dado las profundas ilegalidades de este proyecto.”
Principales argumentos
Los recursos presentados sostienen que el proyecto mantiene graves deficiencias técnicas y metodológicas en la evaluación de diversos componentes ambientales. En materia de flora y fauna, se cuestiona la ausencia de información suficiente para descartar impactos significativos sobre especies en categoría de conservación, incluyendo Monumentos Naturales y especies En Peligro o Vulnerables que fueron detectadas por la autoridad y no por el titular. También se observa una línea de base incompleta en fauna, omisión de impactos relevantes y medidas insuficientes para evitar afectaciones. A ello se suma una evaluación hídrica deficiente, con una caracterización incompleta de cauces y drenajes, delimitación incorrecta del área de influencia, falta de muestreos en terreno y subvaloración de los impactos sobre el recurso agua.
Asimismo, los recursos plantean que el proyecto presenta serias falencias en la evaluación del componente humano, incluyendo la exclusión arbitraria de comunidades afectadas, impactos significativos en sistemas de vida, actividades económicas locales, acceso a servicios básicos y conectividad territorial. Se cuestiona también el levantamiento insuficiente de información respecto de grupos pertenecientes a pueblos indígenas y la ausencia del debido proceso de Consulta Indígena. A esto se suman irregularidades en la evaluación de impactos sobre áreas protegidas, turismo, paisaje, arqueología y patrimonio cultural, además del incumplimiento de estándares legales en materia de gestión de riesgos y la existencia de un posible fraccionamiento del proyecto con otra iniciativa del mismo titular.
Qué se viene
Se espera que el Segundo Tribunal Ambiental declare admisibles los recursos presentados y posteriormente convoque a una audiencia de alegatos, proceso que podría tardar cerca de seis meses. Tras ello, el Tribunal debería dictar sentencia dentro de un plazo aproximado de un año. Una vez emitido el fallo, la parte que resulte perjudicada tendrá la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema, instancia que resolverá en definitiva el futuro del proyecto y de las demandas de las comunidades afectadas.
Las cargas de la transición energética
Por su escala, ubicación y articulación con múltiples proyectos de generación eléctrica, el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 se perfila como un punto de inflexión para discutir los límites ambientales y sociales del desarrollo eléctrico en Chile.
Wanda Albornoz, vecina de Toconey, señaló: “Una de las torres quedaría a 170 metros de mi casa, fuera de mi propiedad, yo tengo solo media hectárea y en el proyecto aparece que el camino por el cual van a transitar es por dentro de mi propiedad, al costado de mi casa. Yo no recibo ningún tipo de beneficio ni compensación, solo daños y afectación. Nadie, absolutamente nadie de la empresa ha hablado conmigo, ni una llamada telefónica, nadie me ha informado de nada, yo me entero por la lectura del proyecto que soy afectada de esa forma tan profunda.”
Marioles Quevedo, vecina de Hualqui, comentó: “En este momento tenemos un trazado de las torres que va a pasar por mucho campo que ha sido de bosque nativo, toda la naturaleza va a ser destruida porque ellos van a arrasar todo eso. Y también afecta a las personas de tercera edad, personas que están vulnerables. Nosotros no queremos que pase eso, pero aquí vamos a dar la lucha para que no vayan las torres.”
Emilio Placencia, vecino de Cobquecura, señaló: “Acudí a los tribunales porque entendí que esta línea no es solo una carretera por donde pasará la electricidad: sino que es para sacar el recurso energético de nuestro territorio, en mi caso habilitar la central eólica Quirihue Poniente, que nos caería encima, de la empresa Uka Chile, que reclamó para que este proyecto de Itahue-Hualqui fuera aprobado y así proteger sus USD 700 millones, pero yo soy el que vive aquí y el que va a recibir todo el ruido y la sombra intermitente de la industrialización. Así que si ellos reclaman por dinero, yo reclamo por mi vida.”
El caso Itahue–Hualqui ilustra la tensión entre el avance del modelo de transición energética y la falta de una planificación territorial integrada. La evaluación fragmentada de los proyectos impide dimensionar los impactos combinados sobre la biodiversidad, el paisaje y la calidad de vida local.
