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POR: Magdalena Fernández
Decana Facultad Cs. Sociales, Jurídicas y Humanidades Universidad Gabriela Mistral
El 30 de marzo se conmemoró el día escolar de la paz y la no violencia en el hemisferio sur y lamentablemente en las últimas semanas se han evidenciado situaciones de extrema gravedad, como el lamentable caso de Katherine Yoma, profesora de Antofagasta que luego de sufrir maltrato por varios meses dentro de la comunidad educativa se quitó la vida. A eso se suma lo ocurrido la semana pasada en un colegio de Isla de Maipo, donde un escolar pateó en el suelo a un compañero con discapacidad. Y nuevamente comienza el año escolar con hechos coordinados de violencia en los liceos emblemáticos del centro de Santiago, en el que se vieron envueltos menores lanzando bombas molotov a Carabineros.
En este trágico y preocupante contexto se iniciaron las clases en nuestro país. Fueron 466 profesores los que denunciaron maltratos dentro de la comunidad educativa durante 2023, lo que representa un alza del 33% respecto del año anterior. Y en el total, suman más de 12 mil las denuncias de convivencia escolar recibidas en el mismo período por la Superintendencia de Educación -otra cifra récord – de las cuales más de 7 mil son por maltrato entre estudiantes. Le siguen 1.636 denuncias por discriminación -número que también aumenta- y más de 8 mil profesores dejan la profesión año a año, mientras las matrículas de Pedagogía siguen a la baja.
En el colegio pasamos gran parte de nuestra infancia y adolescencia, es el lugar en donde aprendemos a vivir con otros y donde se implementan los modelos de sociedad que queremos. Una escolaridad marcada por la violencia, entonces, genera una sociedad con mayor violencia.
Con las cifras alarmantes y al alza, queda claro que los programas y medidas actuales no son suficientes, ni en alcance ni en resultados. No se necesita mayor evidencia para concluirlo.
Necesitamos actuar hoy. Debemos mejorar los espacios de convivencia en la escuela hoy. Dotar de capacidades y herramientas a profesores, estudiantes y padres. Establecer, delimitar y validar con claridad los roles, derechos y obligaciones de cada integrante de la comunidad educativa. Sin esa base mínima común, seguiremos sorprendiéndonos de las cifras y sus dolorosas consecuencias.
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