Quiero hacer público mi reclamo y, a la vez, realizar un llamado de atención a las autoridades comunales respecto del mal estado de algunas veredas y calles de nuestra comuna, situación que lamentablemente vuelve a tener consecuencias concretas para nuestros vecinos.

El día de ayer (martes 06 de octubre 2026), luego de un acto oficial realizado por el municipio, mi vecina y persona muy cercana a nuestra familia, la señora Ida Rivas Oviedo, de 83 años, sufrió una caída en calle Maipú (entre Independencia y Esmeralda), producto de un desnivel provocado por una vereda levantada y en malas condiciones.

Como consecuencia de esta caída, la señora Ida quedó con múltiples hematomas y golpes en el rostro, manos y costillas, situación que actualmente la mantiene en cama en su domicilio y que, por su edad y considerando además que padece diabetes, hace que su recuperación sea aún más compleja.

Esto no se trata solamente de un accidente aislado. Es precisamente el tipo de situación que hemos advertido anteriormente y que demuestra la importancia de mantener en buenas condiciones las veredas y espacios públicos de nuestra comuna.

En su momento ya hicimos presente públicamente el problema existente con una tapa de alcantarillado en calle Esmeralda, luego de que un niño también sufriera una caída producto de esta situación. Este problema incluso fue mencionado en el Concejo Municipal, pero lamentablemente, hasta el día de hoy continúa sin una solución definitiva.

Por eso considero necesario insistir en este tema.

No es la primera vez que se advierten problemas de este tipo en distintos puntos de Quirihue. He hecho presente anteriormente otras situaciones relacionadas con veredas y calles que requieren reparación, precisamente porque prevenir estos accidentes debería ser una prioridad.

El llamado es a nuestras autoridades comunales para que puedan revisar y priorizar la reparación de veredas y calles que se encuentran en malas condiciones, no solamente en el centro de la comuna, sino también en aquellos sectores donde diariamente transitan adultos mayores, niños, personas con discapacidad y vecinos en general.

No se trata de buscar responsables después de que ocurre un accidente. Se trata de prevenir que estos accidentes ocurran.

Hoy tenemos a una vecina de 83 años recuperándose en su domicilio producto de una caída que pudo haberse evitado si la infraestructura peatonal hubiese estado en condiciones adecuadas.

Por respeto a nuestros adultos mayores y por seguridad de todos los vecinos, es necesario que estas situaciones sean atendidas y no queden nuevamente esperando una solución.

Este reclamo es, principalmente, un llamado de atención a las autoridades comunales y una solicitud para que se adopten medidas concretas respecto del estado de las veredas, calles y tapas de alcantarillado que presentan riesgos para la comunidad.

Quirihue necesita calles y veredas seguras para todos.

Ocho años pueden parecer poco tiempo en la historia de un territorio, pero han sido suficientes para demostrar que Ñuble tiene identidad, historia, cultura, tradiciones y, sobre todo, una comunidad que quiere y merece seguir creciendo.

La creación de nuestra región no fue solamente un cambio administrativo en un mapa. Fue el reconocimiento de una identidad construida durante generaciones por hombres y mujeres que han trabajado la tierra, levantado sus pueblos, mantenido vivas nuestras tradiciones y defendido con orgullo el nombre de Ñuble.

Desde la cordillera hasta el mar, desde San Fabián hasta Cobquecura, nuestra región es diversa. Somos agricultura, turismo, vitivinicultura, pesca artesanal, comercio, emprendimiento y patrimonio. Somos también pequeños pueblos y ciudades que tienen sus propias necesidades, sueños y desafíos.

Y en este octavo aniversario, también es necesario mirar hacia adelante.

Porque crear una región fue el primer paso. Ahora el desafío es lograr que la descentralización se traduzca realmente en mejores oportunidades para quienes viven en cada una de sus 21 comunas.

Ñuble necesita más conectividad, mejores caminos, acceso oportuno a la salud, educación de calidad, seguridad, empleo y oportunidades para nuestros jóvenes. Y también necesita que el desarrollo llegue a los sectores rurales, a las localidades más apartadas y a aquellas comunas que muchas veces sienten que el progreso avanza más lento.

En particular, la provincia de Itata nos recuerda que el desarrollo regional debe construirse mirando todo el territorio y no solamente sus principales centros urbanos. Quirihue, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Ránquil, Trehuaco y las demás comunas tienen mucho que aportar al futuro de Ñuble.

A ocho años de la creación de nuestra región, corresponde valorar lo avanzado, pero también ser críticos y exigentes respecto de lo que todavía falta.

Una región no se construye solamente desde las oficinas públicas. Se construye en cada escuela, en cada campo, en cada caleta, en cada emprendimiento, en cada organización social y en cada familia que lucha diariamente por salir adelante.

Ñuble tiene historia, pero también tiene futuro.

Y ese futuro dependerá de nuestra capacidad para trabajar unidos, dejar de lado las diferencias cuando se trata del bienestar de nuestra gente y comprender que el verdadero desarrollo regional no puede medirse solamente en grandes obras o cifras de inversión, sino también en la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.

Hoy, cuando Ñuble cumple ocho años como región, debemos sentir orgullo por lo que somos y, al mismo tiempo, renovar nuestro compromiso con lo que queremos llegar a ser.

¡Feliz octavo aniversario, Región de Ñuble!

Que sigamos construyendo una región con identidad, oportunidades y dignidad para todos sus habitantes.

Hay debates económicos que parecen muy simples, pero que cuando uno los mira con un poco más de profundidad dejan de serlo. El eventual feriado del jueves 17 de septiembre es uno de ellos.

La propuesta busca transformar las próximas Fiestas Patrias en un fin de semana de cuatro días, considerando que este año el 18 de septiembre cae viernes y el 19 sábado. Actualmente, el 17 es un día hábil y el Gobierno ya señaló que no patrocinará la iniciativa. Sin embargo, en el Congreso existen proyectos que buscan convertirlo en feriado.

Entonces, ¿qué sería mejor para la economía chilena: trabajar ese jueves o tener un día adicional de descanso? Mi respuesta es que, desde el punto de vista estrictamente económico, no es gratis regalar un día adicional de descanso, pero tampoco es correcto afirmar que ese día necesariamente perjudicará a toda la economía. Porque cuando hablamos de un feriado tenemos que distinguir entre producción que se pierde y consumo que simplemente se desplaza. Si una fábrica cierra un día, probablemente producirá menos ese mes. Si una oficina no funciona, habrá servicios que no se prestarán. Y si una empresa trabaja normalmente de lunes a viernes, un jueves feriado significa, efectivamente, un día menos de actividad.

El propio Banco Central reconoce que los feriados tienen un efecto sobre la actividad económica y que este impacto es distinto dependiendo del sector. La minería, por ejemplo, puede tener una incidencia mucho menor porque existen operaciones continuas, mientras que la industria y determinadas actividades comerciales sí tienen una relación más directa con la cantidad de días hábiles.

Pero aquí aparece la otra cara de la moneda. Durante Fiestas Patrias aumenta el gasto en restaurantes, fondas, turismo, hoteles, transporte y actividades recreativas. Por lo tanto, una parte del dinero que eventualmente no se gasta en un día laboral puede terminar gastándose en otra actividad durante el fin de semana largo. Y eso es particularmente importante en septiembre. No es lo mismo agregar un feriado en marzo que agregarlo inmediatamente antes de un fin de semana de Fiestas Patrias. En este caso existe una concentración extraordinaria de consumo. Por eso, decir que “un feriado destruye la economía” es tan incorrecto como decir que “un feriado hace crecer la economía”.

Lo que ocurre es una redistribución de la actividad económica. El problema está en cuánto de esa actividad adicional reemplaza consumo que igualmente se habría realizado y cuánto constituye realmente un gasto adicional. Si una familia que iba a gastar $300 mil durante Fiestas Patrias simplemente distribuye esos mismos $300 mil en cuatro días en lugar de tres, no estamos frente a $300 mil adicionales para la economía. Cambió el momento y posiblemente el destino del gasto, pero no necesariamente aumentó el gasto total.

Distinto es el caso de una familia que, gracias al feriado, decide viajar, alojarse en un hotel, comer en restaurantes o realizar actividades que de otra manera no habría hecho. Ahí sí existe un consumo adicional. Y esa diferencia es fundamental.

También hay que mirar el problema desde el punto de vista de las empresas.

Para una gran compañía, un día adicional de feriado puede ser manejable. Para una pequeña empresa, especialmente en sectores como comercio, gastronomía o servicios, puede significar costos importantes si necesita mantener funcionando su negocio o contratar trabajadores en condiciones especiales. Por eso, el argumento de que “el feriado beneficia al comercio” también necesita matices. Beneficia a algunos comercios y perjudica a otros. Una tienda ubicada en un centro turístico probablemente tendrá una mayor demanda. Una empresa que vende servicios a otras empresas y que funciona fundamentalmente de lunes a viernes puede, en cambio, perder una jornada completa de actividad.

Pero hay algo que me parece todavía más importante en esta discusión: la certeza.

Las empresas necesitan planificar. Contratan trabajadores, compran insumos, organizan turnos y programan producción con anticipación. Un feriado que se decide a pocas semanas de su ocurrencia genera más problemas que uno que forma parte de un calendario conocido con meses o años de anticipación. Por eso, más que discutir cada año si agregamos o quitamos un feriado, Chile debería tener una política más coherente sobre descanso, vacaciones y días festivos.

Y aquí llegamos al verdadero debate.

¿Queremos que las personas tengan más días de descanso? Me parece perfectamente legítimo. ¿Queremos que las familias tengan más oportunidades para viajar y compartir? También.

Pero si esa es la decisión que como sociedad queremos tomar, debemos reconocer que tiene un costo económico. La pregunta correcta no es si el feriado es bueno o malo. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar ese costo y, sobre todo, si existe una manera más eficiente de compatibilizar descanso y crecimiento.

Porque descansar también tiene valor económico. Un trabajador que descansa puede mejorar su bienestar, reducir fatiga y eventualmente desempeñarse mejor. Pero eso no significa que cada día adicional de descanso aumente automáticamente la productividad. Por eso soy partidario de mirar este debate con menos consignas y más números. Un feriado no es un regalo para la economía. Pero tampoco es una catástrofe económica. Es una decisión que distribuye de otra manera el tiempo, el consumo, el trabajo y la producción.

Y en el caso específico del 17 de septiembre, mi impresión es que el beneficio social de contar con cuatro días de Fiestas Patrias es perfectamente discutible y legítimo, pero no deberíamos venderlo como una medida de crecimiento económico.

Si queremos crecer, necesitamos aumentar la productividad, la inversión, el empleo y la capacidad de producir bienes y servicios.

Si queremos descansar, hagámoslo. Pero llamemos a cada cosa por su nombre. Más descanso puede ser una buena decisión social. No necesariamente es una buena política de crecimiento económico. Y esa diferencia es precisamente la que deberíamos ser capaces de explicar.

Hay escenas que pasan desapercibidas, pero que dicen mucho más de lo que creemos. Un niño que llega del colegio y comenta una mala nota. Una madre que responde rápido, casi por reflejo: “algo hizo mal el profesor”. Un padre agrega: “no puede ser tan difícil, seguro exagera”. La conversación sigue, pero algo ya cambió. Sin darnos cuenta, en ese instante íntimo y cotidiano, la autoridad del docente se ha debilitado. Y con ella, también, una parte esencial de la educación.

Lo que hoy vemos en las escuelas —tensión, desconfianza, conflictos— no nace únicamente en la sala de clases. Se gesta mucho antes, en esos pequeños gestos donde la familia deja de sostener a quien educa. No es un fenómeno estridente; es silencioso, persistente, casi invisible. Pero sus efectos son profundos. Porque cuando un estudiante deja de reconocer en su profesor a un referente válido, la enseñanza pierde suelo y la convivencia se vuelve frágil.

Hemos insistido en buscar soluciones dentro del sistema: más normas, más protocolos, más control. Pero seguimos evitando una verdad incómoda. La crisis que vive la escuela chilena no es solo institucional, es cultural. Es una crisis de reconocimiento. Hemos dejado de transmitir, desde el hogar, que el profesor no es un adversario ni un evaluador distante, sino alguien que —con aciertos y errores— trabaja cada día para formar personas capaces de vivir, decidir y convivir en sociedad.

La evidencia internacional es clara. Los sistemas educativos que logran sostener aprendizajes significativos y climas escolares saludables no son los que controlan más, sino los que construyen confianza entre familia y escuela (OCDE, 2019). Del mismo modo, el respeto hacia el profesorado no es un gesto simbólico, sino una condición estructural para que el aprendizaje ocurra (UNESCO, 2023). Sin ese reconocimiento, toda política educativa queda suspendida en el aire.

En Chile, sin embargo, hemos comenzado a normalizar lo contrario. Cuestionamos antes de comprender. Reaccionamos antes de dialogar. Y, en ese tránsito, olvidamos algo esencial: que cada decisión pedagógica —incluso una mala evaluación— no busca castigar, sino orientar, formar hábitos, exigir esfuerzo. Cuando esa intención se deslegitima frente a los hijos, el mensaje es devastador: la palabra del profesor vale poco.

El propio Ministerio de Educación de Chile ha insistido en que la formación integral requiere una alianza real entre familia y escuela (Ministerio de Educación de Chile, 2023). Pero esa alianza no se firma en documentos ni se agota en reuniones. Se construye en lo cotidiano: en respaldar una indicación, en reforzar un hábito de estudio, en enseñar que el respeto no es negociable.

No se trata de volver a una autoridad incuestionable ni de negar que existan errores en la escuela. Se trata de algo más profundo: comprender que cuando la crítica se transforma en descalificación, no solo se daña al profesor, se deja solo al estudiante, sin referentes claros, sin límites que orienten, sin adultos que hablen el mismo lenguaje formativo.

Tal vez por eso la crisis actual duele tanto. Porque no es solo una crisis de la escuela. Es una señal de que, como sociedad, hemos comenzado a soltar la mano de quienes educan.

Y sin embargo, la esperanza sigue estando en lo más simple. En esa conversación en casa que puede cambiarlo todo. En ese momento en que, en lugar de desautorizar, decidimos confiar. En ese gesto silencioso en que un padre o una madre le dice a su hijo: “escucha a tu profesor, porque en él hay alguien que quiere ayudarte a ser mejor”.

Ahí, en ese acto mínimo y profundo, comienza a reconstruirse lo que hoy tanto necesitamos: una escuela que no esté sola, y una sociedad que vuelva a entender que educar es, siempre, una tarea compartida.

Como ex Delegado Presidencial de la Provincia de Itata, observo con profunda preocupación la propuesta económica impulsada por la administración del Presidente Kast referente a la exención generalizada del pago de contribuciones. Si bien la idea de reducir la carga tributaria puede parecer atractiva superficialmente, sobre todo si se menciona a personas mayores como las que se verán aliviadas de esta carga, es imperativo advertir sobre las consecuencias devastadoras que esto tendrá para las comunas más necesitadas de nuestra región y del país, y en especial a aquellas que conozco fuertemente, como son las 7 comunas de la provincia del Itata.

El Fondo Común Municipal es el corazón de la justicia territorial. Es importante que la ciudadanía entienda que las contribuciones no son un impuesto antojadizo. Este mecanismo es el que permite que comunas rurales y con menor presupuesto —como las que conforman nuestra provincia de Itata— reciban recursos de las zonas con mayores ingresos, de eso se trata la justicia territorial.

La medida sin lugar a dudas, va a traer como consecuencia el desfinanciamiento municipal, ya que para gran parte de los municipios de Itata, el aporte del FCM representa un porcentaje mayoritario de su presupuesto anual y con la autonomía que merecen para administrarlo de acuerdo a sus necesidades. Quitar estos recursos es, en la práctica, quitarle presupuesto a los servicios que prestan las municipalidades, menos dinero para salud en los CESFAM, menos rondas de seguridad municipal y menos ayudas sociales de Dideco.

Aumentarán las brechas sociales y territoriales. Mientras las comunas del sector oriente de Santiago pueden tener ingresos propios, nuestras comunas rurales dependen de la solidaridad territorial. Esta medida rompe acaba con la equidad y condena a las provincias rurales como ltata a un estancamiento. Itata necesita más recursos, no menos.

Existirán servicios esenciales en riesgo: sin estos fondos, la capacidad de respuesta ante emergencias, el mantenimiento de caminos vecinales y la inversión en infraestructura comunitaria se verán severamente limitados.

No podemos permitir que, bajo la consigna de un alivio tributario, se termine desmantelando el brazo operativo del Estado en los territorios más vulnerables. Gobernar para Chile significa entender que la realidad de Vitacura o Las Condes no es la realidad de Quirihue, Coelemu, Portezuelo o Ninhue.

Hago un llamado a la responsabilidad política y a no hipotecar el bienestar de nuestras comunidades rurales por una medida centralista que solo profundizará la desigualdad, espero de todo corazón que nuestros parlamentarios sepan frenar una medida que va a generar más problemas que soluciones.

El brusco aumento en el precio de los combustibles —uno de los más altos en años— ha encendido las alertas. No se trata únicamente de cifras o de variables económicas externas; el alza impacta directamente en el costo de vida, en el transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de millones de chilenos. Es, por tanto, una crisis con efectos inmediatos y perceptibles, que no admite respuestas tardías ni desconectadas de la realidad social.

Este escenario representa un desafío temprano para una administración que llegó al poder con la promesa de orden, estabilidad y control. Sin embargo, la gobernabilidad no se mide en tiempos favorables, sino precisamente en momentos de tensión. La ciudadanía observa con atención no solo las decisiones que se adopten, sino también el tono, la claridad y la empatía con que se enfrente la situación.

El margen de acción del Ejecutivo es, sin duda, acotado. Factores internacionales como el precio del petróleo o el tipo de cambio escapan al control directo del gobierno. No obstante, existen herramientas internas —como los mecanismos de estabilización de precios— que pueden amortiguar el impacto. La discusión, entonces, no es solo técnica, sino también política: cuánto está dispuesto el Estado a intervenir para proteger a las familias en un contexto adverso.

Pero esta crisis también abre una oportunidad. La primera gran dificultad de un gobierno suele marcar su carácter. Puede transformarse en un punto de inflexión que fortalezca el liderazgo presidencial o, por el contrario, en un signo temprano de debilidad si no se gestiona adecuadamente. La clave estará en la capacidad de articular respuestas concretas, comunicar con transparencia y evitar que la incertidumbre se transforme en descontento social.

En definitiva, el inicio del mandato de Kast enfrenta una prueba decisiva. Más allá de las promesas de campaña, hoy lo que está en juego es la credibilidad de su gobierno y su habilidad para conducir al país en tiempos difíciles. Porque en política, las primeras crisis no solo se enfrentan: también definen.

Cada 27 de febrero nos trae a la memoria el terremoto y tsunami de 2010 y nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿estamos realmente preparados para el próximo megaterremoto?

El 27F no fue solo un sismo de magnitud 8.8. Fue una prueba estructural para el Estado, sus instituciones y la sociedad chilena. Dejó en evidencia fallas graves en los sistemas de alerta de tsunami, descoordinación interinstitucional y una preparación desigual en la población. Pero también confirmó fortalezas: normas de construcción exigentes y una ingeniería sísmica que evitó un colapso mucho mayor.

El problema es que el próximo megaterremoto no impactará al Chile de 2010, sino al de hoy: más urbano, más desigual y con infraestructura crítica altamente interdependiente. Hospitales, redes eléctricas, telecomunicaciones y abastecimiento operan como sistemas complejos. La experiencia internacional demuestra que los efectos en cascada —donde un evento inicial desencadena una serie de eventos secuenciales que provocan consecuencias progresivamente mayores— pueden generar un impacto social y económico más profundo que el propio movimiento del suelo.

Ahí aparecen las brechas.

Aún persisten altos niveles de vulnerabilidad territorial: expansión urbana en zonas costeras expuestas a tsunami, asentamientos en laderas inestables, infraestructura crítica ubicada en áreas de inundación. A ello se suman niveles de preparación heterogénea: no todas las familias cuentan con planes de emergencia, kits básicos o claridad sobre rutas de evacuación y zonas seguras.

Además, el riesgo no es solo físico, también es social. Adultos mayores que viven solos, personas con movilidad reducida, hogares sin redes de apoyo o con empleos informales enfrentan mayores obstáculos para responder y recuperarse. La resiliencia estructural no siempre coincide con la resiliencia social.

Entonces, ¿estamos preparados? La respuesta honesta es: parcialmente.

En el plano estructural, Chile sigue siendo un referente. Las exigencias normativas posteriores a 2010 reforzaron el diseño sismorresistente. La probabilidad de colapso masivo en edificaciones nuevas es baja. En ese sentido, estamos mejor que hace dieciséis años. También existen avances institucionales. La creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres marcó un tránsito desde la reacción hacia una gestión más integral del riesgo. Hoy hay protocolos más claros, sistemas de alerta masiva y mayor profesionalización en la respuesta. Los simulacros son frecuentes y la cultura sísmica sigue siendo parte de nuestra identidad colectiva. Pero prepararse no es solo evitar que los edificios colapsen.

Estamos mejor en ingeniería. Tenemos instituciones más robustas. Contamos con una cultura sísmica arraigada. Sin embargo, el desafío es no confundir desempeño estructural con resiliencia integral. El próximo megaterremoto no solo pondrá a prueba construcciones y protocolos, sino que también la planificación territorial, la cohesión social y la capacidad de sostener servicios esenciales en el tiempo.

La pregunta incómoda sigue abierta. Y la respuesta dependerá, como en 2010, tanto de nuestras normas técnicas como de las decisiones colectivas que tomemos antes de que la tierra vuelva a moverse.

En los últimos años, Chile ha sido testigo de un aumento alarmante en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, especialmente en esas zonas donde la ciudad comienza a mezclarse con los entornos naturales. Este fenómeno, lejos de ser episódico, es el resultado de una compleja interacción entre el cambio climático, la expansión urbana desenfrenada y una transformación del uso del suelo.

Uno de los grandes problemas es cómo planificamos nuestras ciudades. Los planes comunales/regionales de cambio climático parecieran hechos con la estrategia de copiar y pegar modelos de otros lugares del mundo, sin considerar que nuestra geografía en el sur es única. Asimismo, el no actualizar los planes reguladores comunales acelera el cambio de usos tradicionales de la tierra hacia modelos no sostenibles, donde se aprecian numerosas tierras en desuso. Esto fomenta la creación de zonas de riesgo sin un control real del suelo, algo que en la literatura se conoce como Terrain Vague o espacios verdes informales que con un grupo multidisciplinario europeo-chileno estudiaremos en el proyecto COST 24134 Observista.

En ese sentido, es urgente formar estudiantes de pregrado y postgrado de arquitectura, ingeniería, geografía, entre otras carreras, que posean conocimientos concretos sobre cómo planificar y construir territorios más resilientes al fuego con la misma relevancia técnica que se le ha otorgado a las normativas sísmicas.

A esto sumamos un clima que ha cambiado: Sequías más largas y temperaturas más altas han agravado la desecación de la vegetación, incrementando la cantidad de material combustible disponible. En ese sentido, organizaciones como Buena Cabra que realizan limpieza de maleza mientras fertilizan el suelo marcan la diferencia. Entonces, dado que no podemos detener el cambio climático de un día para otro, lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra estrategia: Prevención y Adaptación.

Esto no es solo tarea de los bomberos ni de SENAPRED. Necesitamos crear espacios de seguridad que separen las áreas forestales de las casas, implementar prácticas agrícolas y forestales que sean sostenibles y expandir lo aprendido en experiencias como la Red de Prevención Comunitaria. En esta misma línea, el nuevo Policy Paper de CIGIDEN refuerza la urgencia de promover una gestión del riesgo de incendios forestales que sea integrada, prospectiva y centrada en los territorios.

La amenaza es real y ahora lo más relevante es entender que tirar un residuo o no limpiar un terreno de las malezas nos afecta a todos: el bienestar de mi familia está intrínsecamente ligado a la salud del ecosistema que me rodea. Solo a través de una acción coordinada y un cambio en nuestra mentalidad podremos enfrentar el desafío de vivir seguros en territorios de interfaz. La capacidad de Chile para superar estos desastres depende de nuestra voluntad para actuar una vez que pase la emergencia.

La historia ofrece lecciones. Panamá, con la caída de Noriega en 1989, logró una transición democrática, pero bajo tutela externa y con costos humanos. Irak y Afganistán, tras intervenciones similares, quedaron sumidos en conflictos prolongados. Libia, después de Gadafi, se convirtió en un Estado fragmentado. Estos precedentes muestran que sacar al líder o al dictador no garantiza estabilidad ni instituciones sólidas.

Venezuela enfrenta ahora ese dilema. La salida de Maduro no desarma las redes militares y económicas que sostienen al chavismo. Sin acuerdos mínimos, el riesgo es reemplazar una hegemonía por otra o abrir paso a la violencia. La tentación de imponer soluciones rápidas suele terminar en fracasos duraderos.

Para América Latina, el impacto será regional, asociado a temas de migración, tensiones diplomáticas y nuevos alineamientos geopolíticos. Además, la operación unilateral de Estados Unidos crea un precedente que erosiona normas internacionales y puede justificar futuras intervenciones selectivas.

La oportunidad existe, pero no vendrá sola. Una transición democrática requiere reglas claras, supervisión externa y garantías para la ciudadanía. Lo contrario —confundir la caída de un caudillo con la llegada de la democracia— sería correr el riesgo de repetir la historia y los costos que eso implica.

Los recientes ataques en el Instituto Nacional no son hechos aislados ni simples actos de indisciplina. Son la manifestación más cruda de una crisis sistémica que convierte a los docentes en víctimas directas de conflictos sociales que los superan. Esta escalada, con antecedentes de bombas molotov contra profesores en octubre y agresiones previas con combustible, muestra que los educadores pasaron de ser guías a rehenes en sus propias aulas, exigiendo protección integral, no solo respuestas represivas. La sociedad no puede ignorar este problema que daña el sistema desde sus bases y que sin una intervención pronta colapsará inevitablemente.

La Superintendencia de Educación reporta 2.501 denuncias por violencia escolar el primer trimestre de 2025, +14,2% respecto a 2024, con maltrato a docentes creciendo un 121,2%. De enero a junio hubo 8.678 denuncias, 70% por problemas de convivencia, incluyendo agresiones físicas y psicológicas. Encuestas del Colegio de Profesores indican que el 90% ha sufrido alguna agresión, con insultos en el 86,8%, amenazas en el 25% y ataques físicos duplicados en cuatro años. En Biobío las denuncias crecieron un 15,7% en seis meses, con récord de ciberacoso. Además, el 77% de víctimas de violencia de género docente son mujeres. Con matrículas en pedagogía cayendo 35% (2018-2022), la pregunta es si habrá quién eduque a la próxima generación frente a este «docenticidio» estructural.

Se debe construir un muro de contención ético y práctico, reconociendo la docencia como profesión de alto riesgo con respaldo legal, emocional, formativo y económico. Los gremios exigen formación obligatoria en manejo de conductas disruptivas, mediación restaurativa, técnicas de desescalamiento y protocolos de seguridad, para que ningún profesor vuelva al aula sin apoyo. También piden mentorías y reducción de carga horaria para profesores novatos, acompañamiento emocional y evaluación de competencias desde la inducción.

En salud mental, urge implementar encuestas psicosociales obligatorias y acceso rápido a apoyo psicológico, reconociendo el estrés docente como enfermedad laboral. Las licencias por agresiones deben protegerse sin impacto negativo en la carrera. Institucionalmente, se requiere asistencia jurídica gratuita, sanciones reales y ajustes en beneficios laborales que reconozcan el impacto del rol docente y frenen la deserción masiva.

Esta violencia no nace de la nada, sino de desigualdades y exclusión social donde escuelas vulnerables reflejan brechas profundas, canalizando frustración estudiantil hacia los profesores, la autoridad más desprotegida. Altas tasas de depresión adolescente, conflictos familiares y déficits en salud mental se agravan en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, estigmatizados históricamente sin recursos para inclusión real. Etiquetar solo profundiza la fractura social; en cambio, la prevención activa mediante diagnósticos psicosociales y programas socioemocionales basado en evidencia es clave. En Chile, iniciativas con participación familiar han reducido agresiones un 20%, pero su escalabilidad depende de voluntad política.

El liderazgo oficial y algunos medios de prensa agravan el problema, con sensacionalismo que invisibiliza soluciones y muestra criminalización exclusiva de grupos, fomentando polarización y desconfianza. La solución requiere coordinación real entre Mineduc, Salud, Justicia y Desarrollo Social, más allá de parches normativos. Las orientaciones 2025 avanzan en protocolos de convivencia y detección temprana, pero necesitan presupuesto y ejecución inmediata para recuperar confianza.

Proteger a los docentes no es un gasto, sino inversión para frenar esta metástasis y salvar el sistema. Familias, autoridades, tribunales y medios deben asumir su responsabilidad para fortalecer convivencia y repudiar violencia. El profesor, columna vertebral de la nación, arde hoy como la sala del Instituto Nacional. ¿Hasta cuándo permitiremos que la indiferencia, desigualdad e inacción consuman aulas, vidas y el futuro? El tiempo para actuar con decisión es ahora, antes que sea irreversible.