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El robo de cables es un delito que se ha vuelto cada día más común, afectando fuertemente a las instalaciones eléctricas y a la calidad y continuidad del servicio para clientes de amplias zonas del país.
Según datos de CGE, compañía de distribución eléctrica que atiende a más de 3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, entre septiembre de 2021 y octubre de 2022, se han registrado 548 eventos de robo de cables en su zona de concesión, en instalaciones de Media y Baja Tensión.
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Como resultado de esto, las bandas delictuales se han apropiado ilegalmente de más de 37 toneladas de cable de cobre, con un valor estimado en más de 330 millones de pesos. Asimismo, el gasto en que ha debido incurrir la compañía para normalizar los servicios eléctricos y la infraestructura dañada en estas acciones, sobrepasa los 2.300 millones de pesos en el mismo periodo.
Matías Hepp, director de operaciones de CGE, señala que en el último año estas bandas delictuales han sustraído más de 151.800 metros de cable de cobre (151,8 kilómetros). Esto es casi el triple de los 53,3 kilómetros de cable robados entre enero y diciembre de 2021.
“El robo de conductores afecta a toda la comunidad, ya que provoca interrupciones en el suministro eléctrico, y puede afectar la seguridad de la población, causando accidentes, incluso con resultados de muerte, para las personas que manipulan las instalaciones sin autorización. Estas son bandas organizadas, con elementos, equipos y tecnología, y su accionar tiene un impacto negativo en la calidad del suministro eléctrico de las personas”, señaló el ejecutivo.
Si bien este es un delito que está extendido por todo el territorio donde opera CGE, las zonas que registran un mayor número de incidentes -medido por la cantidad de metros de cable robado- son la región de Coquimbo, con más de 58 mil metros de cable sustraído en los últimos 12 meses; de O´Higgins con 33.040 metros de cable robado; Arica-Parinacota y Tarapacá con 21.611 metros de cable de cobre robado; Atacama (14.862 metros robados) y Biobío (11.739 metros robados).
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló Matías Hepp.
Pero no solo los clientes de CGE han sido afectados.En 2022, cuatro personas han fallecido intentando realizar estos delitos en las comunas donde presta servicio CGE, demostrando el peligro de intervenir las redes eléctricas y el accionar de las mafias que están tras este ilícito, los cuales presionan a personas vulnerables para concretar estos delitos.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó.
