Su preocupación y descontento ha expresado Gonzalo González González, presidente de la Asociación de Sistemas de Agua Potable Rural (APR) de Itata, en relación a la Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios, argumentando que la mencionada ley no representa adecuadamente a su asociación. Por ello es que han decidido asociarse con otros APR de la provincia para abordar la problemática que enfrentan.
Según los datos proporcionados por González, actualmente existen 42 APR reconocidos por el Estado en la provincia, lo que indica que han cumplido con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Además, hay otros 10 sistemas en proceso de formación, lo que demuestra un interés continuo en la expansión y mejora de los servicios sanitarios en la región.
Sin embargo, González también destaca que aproximadamente 30 sistemas de APR no están reconocidos por el sistema, lo cual genera una situación complicada para esos usuarios. Estos sistemas podrían encontrarse en diversas etapas de desarrollo, enfrentando dificultades para cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
González agrega que el 25 de abril pasado decidieron asociarse con otros APRs y desde entonces han sostenido varias reuniones. La más cercana ocurrida estos días, en Coelemu, con el alcalde de esa comuna y presidente de la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, Alejandro Pedreros, a quien le dieron cuenta sobre la finalidad de su agrupación solicitándole la ayuda y apoyo en varios temas. Eso dio paso a otras reuniones que sostendrán en los próximos días con otras autoridades en Chillán.
Junto al presidente de la Asociación de APRs del Itata, estuvo también el Vicepresidente Rodrigo Mora Flores, la Secretaria Marisol Riquelme, el Tesorero Felix Espinoza y la primera Directora Maria Salgado.
La Ley 20.998, tiene por objeto establecer un marco jurídico e institucional que regule la prestación de servicios sanitarios rurales, entendiéndose por tal la provisión de agua potable así como la recolección y tratamiento de las aguas servidas. Establece Comités o Cooperativas encargados; norma las licencias para prestar el servicio en un área determinada, y las condiciones los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria.
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