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La Fiscalía de Análisis Criminal y Focos investigativos de Ñuble y la PDI lograron la detención de Esteban Villablanca Barriga, quien quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por el delito de extorsión. Esto, tras intimidar con un arma de fuego a un hombre, en Chillán, y retenerlo por dos horas para obligarle a retirar dinero desde un cajero automático y realizar transferencias bancarias.
El fiscal jefe de Análisis Criminal, Álvaro Hermosilla Bustos, explicó que se trata de la primera formalización por extorsión en la Región de Ñuble, pues este tipo delictual fue incorporado recién hace cinco meses a nuestro al Código Penal y viene a regular una figura que ha aparecido a propósito de la nueva criminalidad que nos vemos enfrentado y que popularmente se le ha llamado “secuestro express”.
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El persecutor jefe precisó que el delito “sanciona al que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriña a otro, con violencia o intimidación, a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero; o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero”.
Según los hechos descritos en la formalización -la que fue realizada hoy por el fiscal adjunto Álvaro Serrano Romo-, cerca de las 22.30 horas del 9 de julio pasado, el imputado se subió por la puerta del copiloto al auto de un hombre que estaba estacionado frente a la plaza La Victoria, en la esquina de avenida O´Higgins con calle Arturo Prat.
Esteban Villablanca, bajo intimidación de arma de fuego, le exigió a la víctima que le entregara el dinero que portaba y debido a que ésta no tenía efectivo le obligó a manejar hasta un cajero automático en el centro de la ciudad para girar dinero. Luego le obligó a efectuar dos transferencias bancarias. Además, le robó el teléfono celular antes de bajarse del vehículo.
El fiscal Álvaro Hermosilla Bustos instruyó el trabajo investigativo a la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI, cuyo jefe, subprefecto Jaime Rubilar Reyes, destacó que entre las diligencias realizadas “se indagaron los movimientos bancarios y sus destinatarios; se revisaron y analizaron cámaras de seguridad de diversos espacios; se interceptaron comunicaciones telefónicas, y se reconstituyó el recorrido que la víctima hizo junto al imputado”.
En la audiencia, el Juzgado de Garantía de Chillán acogió la solicitud de prisión preventiva que realizó la Fiscalía, la que argumentó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y también para la víctima. El tribunal otorgó dos meses de plazo para la investigación.
