Escucha Radio Estrella Digital
En prisión preventiva quedaron seis imputados, quienes fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, tras ser detenidos este martes, por Carabineros del OS7, en dos controles vehiculares registrados en el kilómetro 393 de la Ruta 5 Sur, informó el fiscal (s) Freddy Benítez Carrero. Acotó que fueron incautados 6 kilos 85 gramos entre cocaína, pasta base y marihuana.
El fiscal (s) precisó que en ambos casos la droga fue detectada con ayuda del ejemplar canino Holly del Escuadrón Verde de Carabineros.
Ver También
Dos kilos 45 gramos de droga portaban los imputados Guido Catrilaf Millao (35), Joaquín Paredes Jahnsen (20), Nicolás González Morales (22) y Scarlet Alzerreca Madrid (35), todos domiciliados en la Región Metropolitana. Un kilo 25 gramos de esa droga era cocaína y 1 kilo 20 gramos, marihuana.
En el segundo control vehicular, fueron detenidos Juan Alberto Rivera Morales (60) y Gladys Aravena Hardy (58), quienes portaban 4 kilos 40 gramos de pasta base. Estos imputados tienen domicilio en Los Ángeles, en la Región del Biobío.
La Jefa de Zona de Carabineros Ñuble, General María Teresa Araya, por su parte, destacó que “dentro de los múltiples compromisos adquiridos como Carabineros de Ñuble, destacamos los diversos operativos de carácter preventivo, como en este caso, donde se implementa un servicio de controles en la segunda línea, el que es encabezado por el OS7 de la región, para precisamente, atacar uno de los delitos que más afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes, como lo es el narcotráfico, dando un resultado efectivo y sacando de circulación más de 24.000 dosis, avaluadas en $111.500.000, que tenían como fin, su comercialización ilegal al sur de nuestro país”.
«Es importante destacar que fueron dos hechos distintos, lo que indica el movimiento que tiene la droga de forma diaria, lo que respalda el trabajo preventivo y los controles aleatorios que realiza el OS7 en los distintos puntos de nuestra región en el combate de las drogas «, explicó la General Araya.
En ambos casos, el fiscal (s) Freddy Benítez argumentó en las audiencias que las libertades de estos formalizados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por el tribunal al momento de decretar las prisiones preventivas.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó cuatro meses para la investigación de la Fiscalía.
