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El 15 de octubre próximo la Corte de Apelaciones de Chillán dará a conocer si acoge o no la solicitud de la Fiscalía que pide el desafuero del gobernador Óscar Crisóstomo Llanos, investigado por un delito de cohecho pasivo entre particulares. Lo anterior, luego de que esta mañana se realizaran los alegatos ante el pleno del tribunal de alzada, el que dejó el fallo en acuerdo.
La sentencia será redactada por la ministra Paulina Gallardo y el desafuero de la máxima autoridad regional es necesario para que la Fiscalía pueda solicitar medidas cautelares personales tras la futura formalización de la investigación. De no acogerse el desafuero, la causa deberá sobreseerse.
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El gobernador Óscar Crisóstomo es investigado por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, existiendo, además, un coimputado en esta indagatoria, quien también será formalizado.
El delito por el que se pide el desafuero dice relación con que, a juicio de la Fiscalía, el gobernador, previo a ejercer este cargo y actuando como particular en la gestión de un proyecto de viviendas rurales, en mayo de 2019 aceptó recibir 22 millones 950 mil pesos, a cambio de favorecer la contratación de una empresa constructora.
Lo anterior, en desmedro de otros potenciales oferentes para ejecutar la construcción de las casas y de los propios intereses de 17 beneficiarios de subsidios habitacionales del Estado.
En esta causa existe una querella presentada por un particular en contra del Óscar Crisóstomo y otras personas, que incluye el hecho por el cual se pide el desafuero y también otros que se encuentran en investigación y que no son parte de esta solicitud planteada ante la Corte de Apelaciones de Chillán.
Declaración pública de Oscar Crisóstomo
Tras el término de la audiencia de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Chillán, respecto a la solicitud de desafuero del Gobernador Regional, el abogado Enrique Aldunate, quien está a cargo de la defensa del caso, junto al jurista Gumercindo Quezada, señala las razones de por qué debe ser desestimada:
1.- Ha quedado en evidencia la negligencia por parte del Ministerio Público, en cuanto a los tiempos en que ha llevado a cabo la investigación, ésta no ha logrado acreditar nada de lo que originalmente se imputó a Óscar Crisóstomo.
2.- Después de 3 años y 3 meses de presentada la querella, la propia Fiscalía desestimó la mayor parte de los supuestos delitos que contenía, evidenciando la falsedad de las acusaciones por carecer de pruebas.
3.- Los hechos en los que maliciosamente se involucran a Óscar Crisóstomo y a su familia, han sido descartados categóricamente, pues el propio Ministerio Público no se refirió a ellos en la solicitud de desafuero. Sumando a lo anterior, que la interpretación que la Fiscalía intenta instalar en la opinión pública como corrupción, no es otra cosa que el ejercicio libre de la profesión.
4.- Por último, es muy llamativo el tiempo en el que se reactiva esta causa, pues coincide nuevamente con un periodo electoral, lo que genera serias dudas sobre la motivación política que existe detrás de estas acciones.
