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En la provincia de Itata, la conexión vial es mucho más que una necesidad logística: es una línea vital para la producción, la salud, la educación y la dignidad de sus habitantes. Sin embargo, año tras año, el estado de sus caminos refleja abandono, lentitud y desidia. La falta de mantención oportuna, la presencia de hoyos peligrosos y los tramos sin intervención estructural por años, han convertido muchas rutas en verdaderas trampas de polvo, barro y accidentes.
A esta situación se suma un problema que ha sido comentado en voz baja, pero con creciente molestia: la actuación de empresas que se adjudican licitaciones para conservación de caminos y no cumplen con los estándares esperados. Los trabajos se demoran, quedan a medio hacer o simplemente no abordan las verdaderas urgencias. Y lo más preocupante: las fiscalizaciones parecen ser escasas o ineficaces. Así, la ciudadanía paga los platos rotos de una cadena de decisiones que se toma lejos del territorio.
En este contexto, urge una solución concreta y descentralizadora: que este año 2025, como ya se ha planteado en distintas instancias, se instale la Oficina Provincial de Vialidad en Itata, con sede en su capital, Quirihue. No se trata solo de una decisión simbólica, sino de una herramienta real para mejorar la gestión, fiscalizar con cercanía, priorizar con justicia territorial y actuar con rapidez frente a las múltiples necesidades viales de la zona.
Porque los caminos del Itata no pueden seguir esperando que desde Chillán o Santiago decidan si son lo suficientemente importantes. Las comunidades rurales, los agricultores, los estudiantes y los trabajadores necesitan rutas seguras, dignas y transitables hoy, no en una próxima licitación.
Itata tiene voz, tiene urgencia y tiene derechos. Y si realmente se apuesta por el desarrollo equitativo de Ñuble, una Vialidad presente en la provincia es el mínimo asfalto para comenzar a reparar el camino del abandono.
