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La fiscal Claudia Zárate Rojas obtuvo prisión preventiva para Jazmín Arias González (32) y Daniel Meriño Lara (33), quienes fueron formalizados por los delitos de secuestro con violación, violación y amenazas, tras ser detenidos por la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, luego de agredir sexualmente a dos víctimas en Chillán.
Los imputados, quienes son pareja, en julio y agosto pasado, contactaron a dos mujeres que buscaban trabajo por la aplicación Facebook, engañándolas con falsas promesas de empleo y abusando de su vulnerabilidad económica.
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Una vez que se reunieron con ellas, las intimidaron con armas de apariencia de fuego, las trasladaron a un motel, y las obligaron a realizar actos de connotación sexual.
“Respecto del secuestro con violación el relato que entrega la víctima es que desde el momento en que la ingresan a un vehículo y la trasladan hasta un motel para violarla estuvo bajo amenazas. En el otro caso, ésta manifiesta que concurre al motel y al momento de ingresar a la habitación comienza a ser amenazada con un elemento cortante y arma de fuego, obligándola a hacer todo lo que ellos dijeran”, explicó la fiscal Claudia Zárate.
Los ataques sexuales de ambas víctimas fueron grabados en videos y luego las amenazaron con enviar éstos a sus cercanos o subirlos a redes sociales si no accedían a realizar otros videos de connotación sexual.
La fiscal acotó que es posible que existan otras víctimas que hayan sido objeto de delitos sexuales por parte de los imputados bajo el mismo modo de operar.
El jefe de la Brisex, subprefecto Iván Vásquez Medina, detalló que la investigación incluyó diversas técnicas y tácticas policiales, como el análisis del tráfico telefónico, de redes sociales y vigilancias. Para lo anterior se contó con apoyo de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), la Oficina de Análisis Criminal (Ofan) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.
Además, se sumó el Cibercrimen de la PDI de Concepción, pues desde el inmueble de la pareja imputada se incautaron diversos dispositivos electrónicos que están siendo sometidos a análisis, con el fin de pesquisar si el material grabado durante las agresiones sexuales fue comercializado.
La fiscal Claudia Zárate expuso en la audiencia de formalización que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue recogido por el tribunal al momento de decretar la prisión preventiva.
El Juzgado de Garantía de Chillán dio tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y la Brisex de la PDI.
