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La fiscal Nadia Espinoza Caro obtuvo tres penas por el delito de negociación incompatible que suman 261 días de reclusión; más inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos durante 5 años, y el pago de multas que ascienden a $8 millones 864 mil 900 pesos en contra de Ricardo Vallejos Palacios, exadministrador municipal de Chillán.
Según acreditó la Fiscalía en el juicio, los hechos ocurrieron en diciembre de 2019, y marzo y abril de 2020, y se relacionan con acciones realizadas por el entonces funcionario público, y en calidad de alcalde subrogante, tendientes a beneficiarse él y familiares suyos en dos contrataciones directas y una licitación para repartir agua en zonas de Chillán con escasez hídrica, y para el uso de una maquinaria pesada.
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Los hechos por lo que fue condenado dicen relación con que el 30 de diciembre de 2019 y el 12 de marzo de 2020 el imputado firmó dos decretos alcaldicios que autorizaron el arriendo de camiones aljibes, por montos de $6,5 millones y $8,9 millones, con los que dio interés, por un lado, a sí mismo; a su hermano, Fernando Vallejos Palacios, y a sus sobrinos Fernando y Eduardo Vallejos Guiñez. Por otra parte, dio interés a su sobrino Eduardo, por estar asociado a la empresa contratada por la municipalidad.
Lo anterior, porque la investigación de la Fiscalía estableció que los camiones que repartieron el agua estaban vinculados a los familiares, y para evitar que se les relacionara con su propiedad realizaron una serie de acciones, como arriendo y venta simuladas.
Un tercer hecho, cometido el 24 de abril de 2020, dice relación con la firma de un decreto alcaldicio que autoriza la contratación directa por parte de la Municipalidad de Chillán de un camión pluma para retirar cuatro contenedores para el apoyo de los cordones sanitarios dispuestos por la autoridad, por un monto de $1.9 millones. La empresa que se contrató está asociada con su sobrino Eduardo Vallejos Guiñez.
Ricardo Vallejos está, además, formalizado por el delito de cohecho en el caso Luminarias LED, esta última una investigación a cargo de la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso.
