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La convocatoria del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a reuniones informativas en Cauquenes y Quirihue, en torno al Proyecto Parque Eólico El Sauzal, representa una oportunidad concreta para que la ciudadanía incida en decisiones que impactan directamente su entorno. Este tipo de instancias, contempladas en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, buscan dar voz a las comunidades locales frente a proyectos de alto impacto como lo es la instalación de 45 aerogeneradores en una zona rural, cuya fisonomía, cultura y economía pueden verse alteradas.
El desarrollo de energías renovables es clave para enfrentar el cambio climático y avanzar hacia una matriz energética más limpia, como lo impulsa la Política Energética 2050. En ese sentido, la iniciativa de Inversiones Bosquemar SpA podría ser un aporte relevante a la diversificación energética del país, además de representar una inversión en innovación y tecnología. Sin embargo, la sustentabilidad no puede medirse solo en términos ambientales o técnicos. El respeto por las comunidades, sus territorios y formas de vida, debe estar en el centro de todo proyecto de esta envergadura.
La oposición ya manifestada por habitantes de las zonas involucradas no puede ser reducida a una resistencia al progreso. Se trata de una legítima expresión de preocupación frente a posibles impactos negativos: alteración del paisaje, afectación a la biodiversidad local, ruidos, fragmentación del territorio y, en ocasiones, escasa retribución a las comunidades receptoras. En este contexto, el diálogo abierto y transparente es indispensable. Las reuniones convocadas para el 29 de mayo en San Sebastián de las Tunas y el 4 de junio en Los Remates son una instancia clave para ello, pero deben ir acompañadas de un compromiso real de parte del titular del proyecto y de las autoridades para considerar y, de ser necesario, rediseñar las iniciativas.
Asimismo, es imprescindible que los vecinos y organizaciones sociales ejerzan su derecho a presentar observaciones dentro de los plazos legales, como ya lo hicieron en el caso del Parque Eólico Loncalhue. La experiencia indica que una ciudadanía informada y organizada es capaz de influir de forma significativa en los procesos de evaluación ambiental.
Chile necesita avanzar en energías limpias, pero no a cualquier costo ni de cualquier manera. La transición energética debe ser justa, participativa y respetuosa con los territorios. El desafío está en equilibrar el desarrollo con los derechos de las comunidades. Y en eso, el rol de la ciudadanía es irremplazable.
