Recientemente ocurrió un nuevo y lamentable incidente en el histórico puente ferroviario que cruza el río Itata en la región de Ñuble.
Nuevamente, ya que se trata del tercero de este tipo durante los últimos siete meses.
Sin embargo, esta vez el hecho fue presentado de una manera muy diferente por lo cual tuvo también otras repercusiones. Al tratarse de una bomba que buscaba dañar una infraestructura crítica como lo es un puente ferroviario para el transporte de carga, se inició un debido proceso judicial con la participación
de diferentes actores que iniciaron varias gestiones, tanto a nivel local como regional y nacional.
Al vincular el hecho con los atentados que buscaban dañar a torres de alta tensión en las comunas de Cañete y Valparaíso, se entiende la gravedad de la situación y la consecuente participación entidades como la Subsecretaría del Interior, Fiscalía Nacional, Fiscalía Metropolitana Sur, Delegación Presidencial,
Fiscalía Regional o Carabineros de Chile con el GOPE, OS-9 y Labocar; gestiones que culminaron con la presentación de una querella por parte de la Delegación.
Sin embargo, surge la duda sobre la razón por la cual el recién mencionado proceso no fue aplicado para los dos incidentes anteriores, ocurridos durante los meses de marzo y diciembre pasados, y que también buscaban afectar a la misma infraestructura a través del fuego.
La diferencia comunicacional radica principalmente en que esos primeros dos hechos fueron presentados como daños a un bien patrimonial mientras que este último como daño a una infraestructura crítica. En otras palabras, se trata de tres hechos similares que causaron un daño secundario a una mismo bien,
pero cuyo desenlace judicial es, sin embargo, muy diferente.
En este sentido cabe recalcar que el mencionado puente ferroviario es en realidad el Puente Confluencia de Chillán y Portezuelo y uno de los patrimonios culturales del Valle del Itata, protegidos por el Consejo de Monumentos Nacionales como también lo son el humedal de la desembocadura del rio Itata, el casco
histórico, la lobería y la Iglesia de Piedra de Cobquecura, la casona donde nació Arturo Prat de Ninhue, el Puente Viejo de Coelemu, los humedales del río Maullín y la casa donde nació Violeta Parra de San Carlos. Se trata de ochos patrimonios tutelados que son el mero reflejo de la riqueza histórica del valle y
que dan a suponer la existencia de una notable cantidad de patrimonios tangibles e intangibles pero que son insuficientemente reconocidos, difundidos, valorados y, por lo tanto, protegidos.
En este sentido, llama la atención que en la casi totalidad de las noticias se hace únicamente mención sobre “puente ferroviario” y que, de los diferentes testimonios publicados, solamente el del Gobernador Regional Subrogante destaca el valor patrimonial del puente. Un problema que, por lo tanto, no está
únicamente relacionado con el Estado sino con todo el eco-sistema el cual incluye al ámbito público, privado y de la sociedad civil. Un problema que radica en la ausencia de una cultura del patrimonio con la cual se entiende el valor del patrimonio y su aporte al desarrollo local sostenible.
Stéphane Franck Demiddel
Escuela de Arquitectura Universidad San Sebastián
Académico VcM
Director del proyecto Turismo Rural Patrimonial Valle del Itata
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